Todas las personas tienen derecho a tomar decisiones libremente en todos los ámbitos de su vida, también las personas con problemas de salud mental.

Esto implica decidir sobre aspectos de su cotidianidad (dónde y con quién vivir, tener o no pareja, hijos, etc.). Pero decidir cómo quieren vivir a veces se ve limitado por la falta de recursos y de alternativas de apoyo a la vida independiente, y también porque la familia y los equipos profesionales que las atienden, aunque de forma bienintencionada, a veces toman algunas decisiones en nombre de la persona. 

Las personas con problemas de salud mental también tienen derecho a decidir sobre el tratamiento que reciben. Para que esto sea posible, no solo es necesario el asesoramiento de los equipos profesionales, sino también que haya alternativas al tratamiento farmacológico y al ingreso.

Su capacidad de tomar decisiones a veces puede verse afectada por el problema de salud mental, pero no de forma permanente ni absoluta, sino excepcional. Incluso en los momentos en que experimentan crisis graves, debe protegerse y garantizarse su derecho a decidir. Por eso, es necesario hacer todo lo posible para que la persona conserve su capacidad jurídica, disponga de los apoyos en la toma de decisiones que pueda necesitar en cada momento (por ejemplo, el asistente personal) y haga uso de garantías como la Planificación de Decisiones Anticipadas (PDA).