Ante una persona menor tutelada, hay los mismos deberes y derechos de intimidad, confidencialidad e información. Ante cualquier conflicto ético en el campo de la confidencialidad, debe primar la defensa del derecho a la intimidad de la persona atendida (menores o no) y sólo la existencia de un riesgo grave para su propia integridad (principio de no maleficencia) o la de terceros (principio de justicia) justificaría la ruptura del secreto profesional.